La delincuencia es un problema del día a día. No hay presencia policial donde y cuando se la necesita. ¿De qué autoridad depende la decisión que pueda resolver este problema? ¿A quién (o a quienes) corresponde la responsabilidad directa sobre el particular según la Constitución?
La pasividad de las ciudadanas y ciudadanos, que elegimos a las autoridades para resolver este tipo de problemas que afecta a toda la población, no puede continuar.
